Miguel Tejera aún recuerda aquella mañana del 26 de octubre de 2024 como si fuera ayer. Acompañó a su esposa Karina hasta la parada del ómnibus, le dio un beso de despedida —un gesto tan cotidiano que no supo que era el último—, y siguió con su día. Horas después, Karina estaba en el Hospital Maciel con heridas que la iban a quitarle la vida. Ella fue una de las víctimas del siniestro del ómnibus 121 de Cutcsa que terminó en la playa de Pocitos. Hoy, a dos años, Miguel no habla de un accidente. Habla de un atentado.
Lo que pasó en aquella rambla sigue sin tener respuestas claras, y eso es lo que más duele. No solo la muerte de Karina, sino la sensación de que nadie realmente investiga, de que todo se disuelve en un expediente que nadie toca. Miguel describe a su esposa como una mujer que se quitaba la ropa para dársela a otros, que trabajaba como portera en un edificio de Pocitos y que a sus 56 años tenía un sueño: pagar una casa. Lo logró, pero sin ella. Terminó de pagarla en setiembre de 2025, años antes de lo que ella misma había planeado. Fue una promesa que le hizo mientras la veía conectada a máquinas en el hospital.
La versión que duele más que el dolor
Lo que más indigne a Miguel no es solo la tragedia. Es cómo se la procesa. Cuando habla del siniestro, rechaza de plano la palabra "accidente". Asegura que el conductor cambió de carril deliberadamente, que los pasajeros le gritaban que parara, que gritaban "para, para", y él no frenó. Para Miguel, eso no es un accidente. Es un acto deliberado.
Y hay algo más que lo quema: cuenta que cuando fue a hacer la denuncia en la playa, funcionarios le explicaron lo que había pasado después del impacto. Según su relato, personal de Cutcsa intentó retirar elementos del lugar, la Policía lo frenó inicialmente, pero después recibió una orden para dejar que se los llevaran. Un camión de la empresa se llevó esos elementos. A Miguel le quedó la sensación de que hay algo que alguien no quiere que se vea.
Justicia a precio de bolsillo
Miguel tiró una frase que resume todo. "Acá en Uruguay hay justicia para el que tiene plata, el que tiene poder. El pobre acá en Uruguay no tiene". No es un lamento genérico. Es un diagnóstico que tira después de dos años viendo cómo su caso se enfría, cómo los meses pasan y nadie le llama, nadie le pregunta, nadie le dice qué sigue. La Fiscalía pidió ampliar una pericia psiquiátrica al chofer hace más de un año, pero desde entonces, el silencio.
El nombre de Karina Dafonte sigue escrito en el frente de esa casa que ella tanto quería. Es lo único que quedó: un nombre en una pared, las promesas que Miguel le hizo en un hospital, y la certeza de que en este país, si no tenés poder ni dinero, tu muerte no merecerá respuestas. Ese es el verdadero siniestro.
