El 12 de enero de 2023, cerca de las 16:45 horas, el ómnibus de Copsa que llevaba 34 pasajeros cruzó de carril a la altura del kilómetro 93 en Maldonado. El vuelco fue devastador: una adolescente de 15 años murió y unos 20 pasajeros resultaron heridos.
Cuatro años después, la Justicia cerró el caso esta semana. El conductor fue declarado responsable de cuatro delitos de lesiones graves y dos de lesiones leves por negligencia. La condena: 18 meses de prisión sustituidos por libertad a prueba con medidas de control. Es decir, nunca pisará una celda.
¿Cómo desapareció el homicidio culposo?
En 2025, la familia de la víctima y algunos lesionados llegaron a un acuerdo reparatorio. Este acuerdo extinguió formalmente el delito de homicidio culposo. Según la pericia técnica, el accidente fue causado por exceso de velocidad. Pero frente a la ley, la muerte de la adolescente dejó de ser un homicidio por negligencia.
El caso continuó adelante con las denuncias de otros afectados, que sí llegaron a la condena final. Pero el peso de la acusación más grave ya no estaba.
El sabor amargo del cierre
Una chica de 15 años está muerta. Sus padres cargan el luto. Veinte personas más viven con lesiones. Y el conductor termina caminando libre, con régimen de libertad vigilada, pero libre.
Los acuerdos reparatorios existen para agilizar la Justicia y hacerla menos traumática. Pero cuando hay muerte de por medio, algo falla en la ecuación. La realidad uruguaya muestra que quienes logran negociar rápido aparecen libres en cuestión de meses, mientras que otras familias de víctimas —las que no pueden cerrar un trato económico— ven cómo sus casos se estiran años en los juzgados. La Justicia, se supone, debería sonar igual para todos.
