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Miles de manifestantes salen a la calle para celebrar el aniversario del estallido social en Chile

Corresponsal en Santiago de Chile
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Miles de manifestantes chilenos se han reunido este domingo en las calles para conmemorar el primer año del llamado estallido social que desnudó los problemas estructurales del país sudamericano, justo a una semana de un inédito plebiscito que consultará a la población sobre si termina o no la Constitución actual –elaborada durante la dictadura de Augusto Pinochet-, y también sobre el tipo de órgano que escribirá la nueva carta magna.

La mayor concentración se produjo en la céntrica Plaza Italia de Santiago de Chile, rebautizada por los manifestantes como «Plaza de la Dignidad», mientras actos similares se reproducían en otras grandes ciudades. La revuelta social de octubre de 2019 se inició cuando una pequeña alza del precio del boleto del tren subterráneo de la capital provocó masivas movilizaciones estudiantiles que se saltaban los torniquetes de control, hasta el viernes 18 que el Gobierno de Sebastián Piñera ordenó el cierre de las operaciones del principal medio de transporte de Santiago, lo que produjo que la población se sumara a los estudiantes y escalara en duros enfrentamientos con la policía, el incendio de algunas estaciones, el levantamiento de barricadas y, en definitiva que el Gobierno y las policiales perdieran el control del orden público. Piñera impuso entonces el «estado de emergencia» y reforzó a las policías con efectivos de las Fuerzas Armadas.

Las masivas protestas se multiplicaron día tras día, hasta llegar al 25 de octubre cuando las manifestaciones congregaron a más de dos millones de personas que reclamaban por los bajos sueldos, la precariedad de los empleos, el fracaso del sistema de pensiones, las desigualdades sociales y la ausencia de derechos, lo que finalmente se sintetizó en un cuestionamiento definitivo a la Constitución vigente elaborada durante el régimen dictatorial.

Un cambio constitucional

La movilización social, la violencia en las calles –expresada por enfrentamientos con las policías, la quema de servicios públicos y saqueos- apuró un acuerdo en el Congreso el 15 de noviembre que abrió el camino a un cambio constitucional que comenzará a materializarse el próximo 25 de octubre en el plebiscito al que están convocados más de catorce millones de votantes.

La crisis social abierta hace un año dejó un alto saldo de víctimas de la violencia, la mayoría de ellas por la actuación de la policía; así como millonarias pérdidas económicas que impactaron en el crecimiento de la economía y en el empleo, cifras que luego se agravaron con la llegada de la pandemia viral que también golpeó a Chile con dureza.

Un hombre sostiene la actual constitución chilena, que será sometida a un referéndum el próximo domiingo
Un hombre sostiene la actual constitución chilena, que será sometida a un referéndum el próximo domiingo – EFE

A lo menos cuatro informes internacionales, entre ellos los de Naciones Unidas, dieron cuenta de masivas y generalizadas violaciones a los derechos humanos. Según un balance del estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) difundido esta semana, han sido presentadas 2.520 querellas, de las cuales 2.340 están dirigidas contra funcionarios policiales, mientras las restantes apuntan a efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía de Investigaciones, por las cuales 71 agentes del Estado han sido formalizados por la justicia. Más de dos mil de ellas son por apremios ilegítimos, torturas, violencia sexual y 163 por traumas oculares, entre las que hay 32 por pérdida de visión irreversible.

A su vez, el Ministerio Público chileno informó que la Fiscalía Nacional ha formalizado a 5.084 personas por delitos cometidos en el contexto de las protestas desde el 18 de octubre de 2019, más de 4,000 de ellas por saqueos, ocurridos mayoritariamente en las zonas periféricas de las grandes ciudades. Por los atentados a la red del Metro de Santiago, están imputadas 42 personas, de las cuales diez permanecen en prisión preventiva y cinco ya fueron condenadas.

El mismo informe de la Fiscalía –difundido el jueves- indica que si bien «8.827 personas denunciaron delitos cometidos por agentes del Estado, en la actualidad 4.681 causas relacionadas a violencia institucional se encuentran vigentes». Han sido formalizados 75 agentes del Estado por delitos calificados como violaciones a los derechos humanos, 25 de ellos están en prisión preventiva y solo uno ha sido condenado.

Pérdidas económicas

En el plano económico, según un informe del Ministerio de Hacienda, después de tres meses de iniciada la revuelta, las pérdidas en infraestructura ascendían a más de 1.400 millones de euros, de los cuales 750 millones correspondían a bienes públicos, entre ellos, 380 millones a las pérdidas por la destrucción del Metro.

La continuidad de la fuerte crisis social y económica, sin embargo, se ha comenzado a encauzar con el proceso constitucional que parte el próximo domingo con el plebiscito, sobre el cual las estimaciones vaticinan una alta participación, superior a todas las elecciones populares de la última década. La votación del plebiscito abre un ciclo de siete elecciones hasta fines de 2021, cuando Chile elija a un nuevo presidente.

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