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Exlíderes de las FARC se declaran culpables del asesinato del político Álvaro Gómez Hurtado

Bogotá
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En Colombia, un país de tantas muertes violentas, no basta con declararlas: hay que probarlas. Eso es lo que tendrán que hacer los excomandantes de la guerrilla de las FARC, quienes en una carta dirigida a la Justicia Especial de Paz (JEP), tribunal de la justicia transicional establecido por el Acuerdo de paz firmado en 2016, anunciaron que ante dicha instancia hablarán de su responsabilidad en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, uno de los magnicidios que hace 25 años sacudió al país y que desde entonces ha sido uno de los casos más investigados, menos esclarecidos pero eso sí con las mayores conjeturas de la historia reciente colombiana. Uno de esos crímenes que avanza poco y cuando lo hace, queda atrapado en una calle ciega.

¿Pero lo dicho por la otrora comandancia de las FARC y hoy dirigencia del partido FARC sí da luces sobre el caso y aporta la verdad, como pretenden? Muchos líderes de opinión pública y políticos, del presidente Iván Duque para abajo, cuestionan no la posible participación operativa de la exguerrilla en el asesinato, sino el momento en que vienen a decirlo y los intereses de terceros que puedan esconder al asumir ese crimen que, bajo la JEP, quedaría declarado, pero no será ya motivo de condena judicial. Al respecto Duque señaló que «adjudicarse esos crímenes, cuando ya hay garantías de que nadie va a pagar cárcel, no deja de generar dudas, sospechas, preocupaciones». 

Otros, como la familia Gómez Hurtado, hijos o sobrinos del líder conservador asesinado, no creen en este giro del caso ni en esa verdad de la FARC e insisten, como lo vienen haciendo hace años, pero sin aportar pruebas contundentes –que dicen pronto saldrán a la luz pública-, que fue un crimen de Estado orquestado por personas del gobierno del entonces presidente Ernesto Samper Pizano, el cual apenas terminaban el primero de cuatro turbulentos años de un mandato horadado por la entrada de dineros del narcotráfico a la campaña presidencial, gobierno fuertemente cuestionado en su legitimidad por el propio Álvaro Gómez Hurtado.

Este domingo, Samper y su ministro del Interior en 1995, Horacio Serpa, quienes siempre han negado cualquier relación con el magnicidio, madrugaron a declararse igualmente sorprendidos al resto del país por las afirmaciones de puño y letra de la FARC, e inclusive se declararon víctimas del largo silencio de las FARC pues afirman que han sido 25 años de acusaciones en su contra, que podrían también llegar a los estrados judiciales por calumnia y difamación.

Giro de la historia

Esta línea de investigación con la guerrilla de las FARC como protagonista nunca había sido considerada seriamente. Pero las cosas cambiaron a inicios de septiembre, cuando la exsenadora Piedad Córdoba lanzó dio el nombre de las FARC, exigiéndoles que dijeran la verdad sobre el crimen de Gómez Hurtado, cosa que sorprendió a los colombianos. Además, afirmó tener pruebas que los vinculan al magnicidio y por las cuales ha sido llamada por la Fiscalía a entregar testimonio esta misma semana, dado que el caso Gómez Hurtado no prescribe y esa entidad le ha dado un nuevo aire a ver si finalmente logra desenmarañarlo.

Algunos insisten aún hoy que el asesinato de Gómez Hurtado (noviembre de 1995) fue producto de un oscuro tinglado del gobierno Samper, en especial lo señala su sobrino y cabeza del caso a nombre de la familia, Enrique Gómez Martínez, quien desestimó en declaraciones a la revista Semana que fuera obra de la guerrilla de las FARC, argumentando que ni a Córdoba ni a las Farc o a la JEP, como instancia judicial, se les puede creer o respaldar, en especial porque si dicho tribunal asume el caso, las investigaciones pasarían de la Fiscalía a ese tribunal, donde el rótulo de magnicidio y las imputaciones o reparaciones que de allí puedan derivarse quedarían reducidas a uno más de los crímenes de la guerrilla, dándole finalmente algo así como un entierro de tercera.

Pero, en teoría, hay otra línea de investigación que es su momento tuvo despliegue y ahora parece desdibujarse: un grupo de militares retirados, y seguramente uno que otro activo, en alianza con fuerzas políticas de derecha y con sectores poderosos del país conspiraron para derrocar a Samper, supuestamente con el beneplácito del gobierno de Estados Unidos, crear un gobierno de transición liderado por Gómez Hurtado, sin duda la figura del Partido Conservador más respetada del país, cosa que el también periodista y pintor supo y rechazó. Por eso la determinación habría sido silenciarlo.

¿Verdad de no creer?

¿Entonces, cuál es la verdad? Bien puede ser la que dice tener la dirigencia de la Farc. En 2012, paradójicamente, uno de los alfiles del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el senador José Obdulio Gaviria, conoció unas cartas del máximo líder de la guerrilla de las Farc, ‘Tirofijo’ (Pedro Antonio Marín) en las cuales afirmaba que esa guerrilla había sido la autora del asesinato de Gómez Hurtado. Esas cartas hacen parte de una recopilación hecha por Gaviria, que volvió un libro que inclusive fue avalado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Todo el país quiere que la Farc diga la verdad, que acepte el reclutamiento de menores, los secuestros inhumanos, la violencia sexual contra sus propias guerrilleras, entre otros crímenes y abusos. Entonces sacan una carta haciéndose cargo de cinco asesinatos – del académico y negociador de paz Jesús Antonio Bejarano, del general Fernando Landazabal Reyes, del líder guerrillero del M-19 Hernando Pizarro Leongómez y del congresista Pablo Emilio Guarín-, incluido el de Gómez Hurtado, pero ahora hay dudas de si creerles o no.

El problema para los excomandantes de las Farc es que no se les cree ni cuando dicen verdades ni cuando acomodan hechos y mucho menos cuando mienten. Después de meses de ser criticados por no hacerse cargo de sus delitos y decirle la dura verdad al país, cuando en teoría la dicen tampoco se les cree. Deben aportar las pruebas, deben despejar toda duda de que fueron los autores materiales e intelectuales, o si se aliaron con terceros, que lo digan también. La verdad no puede seguir siendo una carta que se baraja a conveniencia.

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