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Réquiem por filmar un abuso policial en Cuba

Corresponsal en La Habana
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Tras la muerte del joven Hansel Ernesto Hernández Galiano, víctima de un disparo de arma de fuego realizado por un agente del orden público, quien alegó una presunta defensa propia, mi muro en las redes sociales se convirtió en un hervidero de denuncias.

La versión oficial, solo pronunciada tres días después de la tragedia que cobró la vida de Hernández Galiano, de tan solo veintisiete años de edad, era inconsistente, casi inverosímil. El escepticismo ante la tardanza para emitir la versión oficial, sumado al historial de la Policía Nacional en fabricar cargos contra los ciudadanos, recorría las calles de La Habana.

Nerviosa y más abusiva que nunca las fuerzas del orden interior fueron instruidas en controlar los daños a toda costa: las circunstancias que rodearon la muerte de Hernández, a manos de elementos policiales, se convirtió en tema permanente de conversación entre la ciudadanía. El descontento y el repudio eran obvios.

El pasado domingo 28 de junio la Policía Nacional protagonizó un excesivo despliegue para apaciguar un simple altercado entre dos jóvenes residentes de la barriada Los Sitios, Centro Habana. El uso desmedido de fuerza provocó que un centenar de ciudadanos repudiaran el acto entre gritos y lanzamientos de piedras contra los elementos policiales y los autos patrulleros respectivamente.

Apenas minuto y medio después de comenzar a filmar con mi teléfono móvil la brutal golpiza contra uno de los jóvenes, uno de los agentes me requirió que le entregara el celular, a lo cual me negué en tanto me asiste el derecho legal de filmar, y que otra parte, los dispositivos móviles no constituyen un elemento de identidad que pueda ser requisado o comisado si no existe delito mediante.

Este agente del orden público se sintió desagraviado por el ejercicio de mi derecho, tras lo cual ordenó mi arresto y traslado a la estación policial de Zanja, donde fui procesado, en principio por el delito de desacato: el agente alegó que yo había «incitado» el repudio ciudadano y «ofendido» a las fuerzas del orden por filmar su actuación y negarme al comiso de un teléfono celular. Ambas acciones no prefiguran ni constituyen delito.

Al día siguiente fui trasladado al Vivac –centro penitenciario de procesamiento penal donde confinan a presuntos comisores de un delito hasta el día de sus vistas orales, o hasta sus traslados hacia las cárceles en caso de ser condenados a privación de libertad– en espera de ser procesado bajo un nuevo cargo: desobediencia.

95% de reclusos negros

En este centro los recluidos solo tienen derecho a una llamada diaria de tres minutos y a tres cigarrillos al día. No se permiten visitas de familiares ni de abogados. Solo el fiscal, que representa los intereses del régimen, concede tres minutos de entrevista como presunta asesoría legal a algunos de los confinados.

A excepción del recorrido de apenas 15 metros entre las celdas y el comedor, los recluidos no tienen movilidad. La mínima infracción, siempre a discreción de los celadores, implica la suspensión de las llamadas y los cigarrillos.

Durante los cincos días confinado en el Vivac, dos detalles llamaron mi atención: el 95% de los recluidos eran de raza negra y mestiza, y un número considerable eran personas que rebasaban los 55 años de edad. En celdas donde convivían diez personas, el temor a un contagio por Covid-19 era permanente pues los recién llegados no eran sometidos a cuarentena.

Con fecha fijada para la vista oral fui visitado los días previos a mi liberación por los oficiales de la Seguridad del Estado. En ambas entrevistas dejaron entrever que sería liberado, sin ir a juicio, a cambio de minimizar la campaña en las redes sociales donde se exigía mi inmediata libertad. Es decir; control de daños a cambio de abandonar una celda, o una futura prisión, a la que nunca debí ser enviado.

Cirquerohttp://www.quecirco.com
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