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Más de 200 personalidades protestan a la UE en rechazo de la postura de Borrell en Venezuela


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Más de 200 personalidades de Iberoamérica enviaron el pasado martes una comunicación dirigida a la Presidente de la Comisión Europea, al Presidente del Consejo Europeo y a los 27 ministros de Relaciones Exteriores agrupados en la Unión Europea (UE) en rechazo a las iniciativas que viene desarrollando Josep Borrell, Alto Representante de esa comunidad política para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en acuerdo con el Gobierno de España.

El emplazamiento está encabezado por María Corina Machado, Antonio Ledezma, Diego Arria, Asdrúbal Aguiar, Enrique Aristeguieta Gramcko, Humberto Calderón Berti y Carlos Ortega, y cuenta con el respaldo de expresidentes como Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Jorge «Tuto» Quiroga, Vicente Fox, Miguel Ángel Rodríguez, Alfredo Cristiani, Juan Carlos Wasmos y y Oswaldo Hurtado.

Además, figuran personalidades políticas como el presidente del partido español Vox, Santiago Abascal; el presidente del Partido Popular español, Pablo Casado; la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís; los dirigentes políticos de Argentina y México, Patricia Bullrich y Marko Cortés Mendoza; las senadoras colombianas María Fernanda Cabal y Paola Holguín; los eurodiputados Hermann Tertsch y Margarita de la Pisa; los diputados españoles Cayetana Álvarez de Toledo y Víctor González, así como los académicos y escritores Mario Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa y Héctor Schamis; la defensora de los derechos humanos Tamara Sujú, entre otros.

En la carta, estas personalidades califican las últimas operaciones políticas de Borrell como una misión incongruente que obstaculiza el rescate por la libertad venezolana. Asimismo, rechazan que el Gobierno de España promueva esas maniobras para avalar unas ilegítimas elecciones parlamentarias en Venezuela.

«El Alto Representante, actuando también como representante del gobierno español, intenta minar el consenso internacional sobre la necesidad de establecer un gobierno de transición de Venezuela para reinstitucionalizar el país, gestionar la crisis humanitaria y poder entonces convocar a elecciones presidenciales verdaderamente libres y soberanas», reza el exhorto.

De acuerdo con los firmantes, estas acciones traicionan acuerdos y pronunciamientos previos de la propia UE y otras organizaciones como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Lima, además de que pretenden solventar miles de asesinatos, torturas y violaciones agravadas a los derechos humanos, expuestos en el Informe de la Misión de DD.HH. de Naciones Unidas, con una prórroga de los supuestos comicios de diciembre y la búsqueda de «condiciones mínimas» para unas elecciones parlamentarias.

Avanzar -insisten en el documento- con estas «condiciones mínimas» representaría una violación más a los DDHH, ahora promovida por la comunidad de naciones europeas que ha liderado históricamente la defensa de los derechos humanos.

Tres premisas fundamentales

De igual forma, sostienen que esa ruta es facilitada por el Gobierno de Turquía, al que atribuyen una mediación a costa del saqueo de las arcas venezolanas, e ignora tres premisas fundamentales de la tragedia venezolana: 1. La masiva y sistemática violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen, 2. La ausencia de soberanía nacional y la ocupación prolongada por fuerzas extranjeras cubanas, iraníes y grupos terroristas y 3. La naturaleza criminal transnacional del régimen, con la convergencia del narcotráfico y mafias financieras que blanquean el dinero saqueado a la nación.

Esas premisas, agregan, «están por encima de cualquier posibilidad de negociar o apoyar algún tipo de condiciones para elecciones con el régimen criminal en el poder».

Finalmente, los firmantes indican que si la Unión Europea duda sobre estos tres aspectos medulares, debería conformar una comisión de verificación de hechos para informar al Consejo de Europa y a los gobiernos de la Unión sobre estas premisas.

Por esto, instan a la comunidad europea a desmarcarse de los intereses del Gobierno Español, así como a promover la actuación de la Corte Penal Internacional junto a la OEA y otros organismos que aceleran las medidas necesarias para desalojar al régimen de Nicolás Maduro.

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