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El Grupo de Puebla comienza a coordinar la política de la izquierda latinoamericana


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Un año después de haberse constituido como plataforma para la coordinación de las políticas izquierdistas latinoamericanas, el llamado Grupo de Puebla está funcionando ya a pleno rendimiento, con reuniones y seminarios –dentro de las limitaciones de la pandemia de coronavirus– y con comunicados que toman posición sobre los asuntos internos de diversos países. Unos 80 dirigentes políticos, de 17 países, participaron en julio en la celebración «online» del primer aniversario; una de las últimas incorporaciones ha sido la de Irene Montero, de Podemos, segunda representación española tras la de José Luis Rodríguez Zapatero (dando así carácter iberoamericano al grupo).

Esta iniciativa no sustituye al Foro de Sao Paulo, creado en 1990, sino que lo complementa tácticamente, como su brazo político para el día a día: mientras que el foro es una alianza de partidos y organizaciones de izquierda y extrema izquierda, que busca la ayuda mutua para el acceso al poder –o el mantenimiento en él una vez alcanzado– y establece líneas estratégicas, el Grupo de Puebla es una asociación de líderes de ese mismo ámbito ideológico que pretende influir en la gestión política diaria de los distintos países. El foro es un instrumento de carácter orgánico, mientras que el grupo se ha dotado de mayor agilidad: es menos centralizado y más activo en las redes sociales.

El primero fue impulsado por el Partido de los Trabajadores de Lula da Silva cuando se iniciaba una época de liderazgo brasileño en Latinoamérica; cerrada esa etapa, el segundo ha sido promovido por sugerencia del presidente argentino, Alberto Fernández, y el apoyo del mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Críticas a la OEA

A pesar de que el Grupo de Puebla aglutina a diversos expresidentes latinoamericanos (Lula da Silva, Dilma Rousseff, Evo Morales, Ernesto Samper, Lionel Fernández, Fernando Lugo, José Mujica y Martín Torrijos) e incluso al anterior secretario general de la Organización de Estados Americanos (el chileno José Miguel Insulza), un reciente comunicado criticó duramente la labor realizada por la OEA en la crisis de Bolivia y se comprometió a enviar observadores propios a los comicios que deberán tener lugar este año en ese país y en 2021 en Ecuador, así como al plebiscito chileno sobre la reforma constitucional previsto para el próximo mes de octubre.

«El comportamiento inaceptable de la Misión de Observación Electoral de la OEA en las pasadas elecciones bolivianas demuestra que no se puede confiar en la OEA para que este organismo sea un actor imparcial, y menos mientras la observación electoral siga siendo manoseada por el secretario general Luis Almagro», manifestó Guillaume Long, excanciller de Ecuador, en un comunicado del Grupo de Puebla. Por eso, la entidad decidió crear su propio observatorio electoral, con el fin de «tener mecanismos de observación internacional que sean realmente imparciales, y que no favorezcan a una tendencia política sobre otra».

El grupo también se ha unido al esfuerzo realizado desde sectores de diferente orientación política para impedir que la Administración Trump logre poner a un estadounidense en la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cargo que siempre ha estado ocupado por un latinoamericano.

Diferente rasero

El Grupo de Puebla se ha implicado de lleno en los combates políticos de la izquierda latinoamericana. Así, ha salido a defender la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Colombia de ordenar la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe, a quien el boliviarianismo tiene como uno de sus principales adversarios. Aunque en muchas ocasiones la izquierda colombiana ha criticado las resoluciones de la Justicia del país, en esta ocasión se indica que la decisión «demuestra la fortaleza de la institucionalidad democrática de Colombia, basada en la separación y el respeto de sus poderes públicos».

En cambio, el grupo censura las actuaciones de la Justicia de Ecuador contra el expresidente Rafael Correa. Según el grupo, «ante todo se trata de una persecución». «Buscan a través de juicios amañados y con claros propósitos políticos impedir que Correa sea candidato. El Gobierno de Moreno apura al sistema judicial para que se procese rápidamente la apelación a la sentencia y para que haya una sentencia en firme antes de las inscripciones de las candidaturas el 18 de septiembre», según declaraciones de Long recogidas en la web del grupo.

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