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El futuro del partido de Keiko Fujimori, en manos de la Justicia de Perú

Lima
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El futuro del partido Fuerza Popular, que lidera la excongresista peruana Keiko Fujimori, quedó en manos de un juez que decidirá «en un plazo prudente» si acepta la petición de la Fiscalía para suspender su participación política mientras se le investiga por un caso de presunto lavado de activos.

El juez Víctor Zúñiga, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, celebró este lunes una audiencia en la que escuchó los argumentosdel fiscal anticorrupción José Domingo Pérez y del abogado defensor de Fuerza Popular, Christian Salas.

Después de que Pérez reiterara su petición para que se ordene la suspensión temporal de Fuerza Popular durante dos años y medio, el juez anunció que emitirá una decisión en un «plazo prudente» y de acuerdo con la carga de expedientes que tiene su despacho.

Legal y constitucional

José Domingo Pérez, quien integra el equipo especial que investiga el caso Lava Jato en Perú, aseguró que su petición es «legal y constitucional» y lo justificó en la posibilidad de que Fuerza Popular intente volver a captar dinero de manera ilícita para las elecciones generales de abril próximo.

«Existe una alta probabilidad de que sus representantes legales, la cúpula, reiteren esta misma acción o conducta de volver a utilizar a esta empresa (el partido) de captar dinero de procedencia presuntamente ilícita», sostuvo.

Pérez recordó que Fujimori sigue siendo la líder de Fuerza Popular a pesar de que está siendo investigada por este caso por la Fiscalía y consideró que se podrían volver a simular actividades para justificar presuntos aportes ilícitos para su campaña.

Rechazo a la petición

El abogado Christian Salas, un exprocurador anticorrupción que este lunes se unió a la defensa de Fuerza Popular, rechazó la petición fiscal y aseguró que «en el contexto de procesos electorales no se admite ningún tipo de procedimiento de suspensión».

«Bajo la legislación especial, no es posible que un órgano jurisdiccional se pronuncie para suspender la actividad política de una organización. La organización política del partido no tiene por qué pagar, sufrir, las consecuencias de acciones punibles atribuidas a algunos de sus representantes», aseguró.

Salas también negó que exista el riesgo de que Fuerza Popular vuelva a cometer los actos delictivos que le atribuye Pérez, ya que, según dijo, «hoy el partido está más fiscalizado que nunca».

Lavado de activos

Pérez ha incluido a Fuerza Popular en la investigación por presunto lavado de activos que sigue contra Keiko Fujimori y personajes de su entorno por la financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016.

El fiscal les imputa haber ocultado bajo una contabilidad ficticia millonarias donaciones de grandes empresas peruanas y extranjeras, entre estas el millón de dólares de Odebrecht y unos 3,65 millones de dólares de Credicorp, el mayor grupo financiero de Perú.

Según la tesis de acusación, este partido «tenía entre sus fines obtener el poder político» y para ello recibió «aportes ilícitos provenientes de actos de corrupción del grupo empresarial brasileño Odebrecht en el Perú y diversas localidades del mundo».

Una vez en el poder, añadió, el partido retribuiría «estos aportes ilícitos mediante el otorgamiento de obras sobrevaluadas, beneficios normativos y/o favorecimientos judiciales, continuando así como un mecanismo de corrupción empresarial y estatal».

Pena de muerte

Este domingo, Keiko Fujimori declaró que si la Justicia peruana acepta la petición de suspensión de Fuerza Popular eso «significaría una pena de muerte para el partido político».

La líder del partido agregó este lunes que los argumentos usados por Pérez son «más de lo mismo» y consideró que se basan en «meras presunciones, aunadas a un claro propósito político» que, según dijo, «usa para intentar sacar a todo un partido de una contienda electoral en marcha».

«Esperamos que la justicia y sensatez prevalezcan. Especialistas y actores políticos de diversos sectores ya se han pronunciado rechazando esta medida que viola nuestro derecho a elegir y ser elegidos. Que la decisión final la tomen los electores», concluyó.

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