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Díaz-Canel responde a manifestaciones populares con amenaza de usar las armas y la violencia

Corresponsal en La Habana
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La militarización y aislamiento de varias zonas en el país ha sido la respuesta del régimen de La Habana a las manifestaciones populares que surgieron en solidaridad y apoyo a los centenares de artistas, escritores e intelectuales que se congregaron, el pasado viernes 27 de noviembre, ante la sede del Ministerio de Cultura.

Luego de las declaraciones de Miguel Díaz-Canel, que catalogó a los focos de protestas populares acontecidos en varias provincias de la isla como «el último intento para derrocar la revolución cubana» de la administración Donald Trump, las calles habaneras fueron ocupadas por efectivos de Tropas Especiales antimotines fuertemente armados.

Al mismo tiempo, operativos del temido Departamento de Seguridad del Estado sostienen un sinnúmero de detenciones, interrogatorios y constante vigilancia contra decenas de los manifestantes, especialmente contra los miembros del Movimiento San Isidro que habían protagonizado, semanas antes, una huelga de hambre para exigir la liberación de Denis Solís González, uno de sus miembros condenado en juicio sumario a ocho meses de cárcel por un falso delito de Desacato.

Según Díaz-Canel, el Movimiento San Isidro está vinculado a «funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, encargados de la atención y avituallamiento de su base operacional en Cuba».

A la campaña de desacreditación, por parte de las autoridades del régimen cubano a través de los medios de prensa bajo el control del Partido Comunista, se sumó la amenaza de activar el Artículo 4 de la recién reformada Constitución de la República que hace referencia a la traición a la patria.

El referido Artículo 4 de la Carta Magna expresa que, «la defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano. La traición a la patria es el más grave de los crímenes, quien la comete está sujeto a las más severas sanciones. El sistema socialista que refrenda esta Constitución, es irrevocable. Los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución».

Observadores y organizaciones que recaban información sobre las violaciones de los Derechos Humanos en la isla, advirtieron que esta mención del Artículo 4 de la Constitución es una clara señal de que el régimen de La Habana recurrirá a la violencia y represión extrema que podría desembocar en enfrentamientos entre civiles en el país.

«Los artistas e intelectuales cubanos repudiamos, denunciamos y condenamos la incapacidad de las instituciones gubernamentales en Cuba para dialogar y reconocer el disenso, la autonomía activista, el empoderamiento de las minorías y el respeto a los derechos humanos y ciudadanos», forman parte de las exigencias de los centenares de cubanos que se han ido sumando a las protestas pacíficas.

Exigencias que el régimen tilda, recurrentemente, de terroristas y mercenarias. En las propias palabras de Díaz-Canel, el diálogo con su Gobierno solo tendrá espacio para «lo que sea por el Socialismo y para todo lo que sea por la Revolución».

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