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Apoyo sin fisuras a Uribe de 21 expresidentes iberoamericanos


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La «detención preventiva» domiciliaria, por presunta manipulación de un testigo, de Álvaro Uribe Vélez, actual senador y dos veces presidente de Colombia (2002 – 2010), ha unido en un frente de defensa común, a 21 expresidentes iberoamericanos. En una «Declaración de solidaridad», los exmandatarios lamentan que la Corte Suprema de Justicia, intervenga en «una controversia política con otro senador de Colombia, que ha sido judicializada».

«La controversia política con otro senador», a la que se refieren los expresidentes, entre los que figura José María Aznar, tiene su origen en el enfrentamiento judicial con Iván Cepeda, el senador al que Uribe acusó de presionar a Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar, para que le vinculara con aquellos escuadrones de la muerte que surgieron como respuesta a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional). La Corte cerró, después de cuatro años, la denuncia y convirtió al acusador en acusado ordenando, como medida cautelar, el arresto domiciliario del expresidente que, supuestamente, habría ordenado, mediante intermediarios, comprar a Monsalve.

La lista completa de exmandatarios que suscriben el manifiesto la integran Andrés Pastrana, antecesor de Uribe en la Presidencia, Óscar Arias (Costa Rica), Enrique Bolaños (Nicaragua), Mireya Moscoso (Panamá), Rafael Cristiani (El Salvador), Vicente Fox (México), Mauricio Macri (Argentina), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Jamil Mahuad (Ecuador), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia), Juan Carlos Wasmosy (Paraguay), Nicolás Ardito Barletta (Panamá), Felipe Calderón (México), Rafael Angel Calderón (Costa Rica), Osvaldo Hurtado (Ecuador), Ricardo Martinelli (Panamá), Gustavo Noboa (Ecuador), Ernesto Pérez Balladares (Panamá) y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica).

En el texto, los expresidentes, agrupados en IDEA (Iniciativa Democrática de España y las Américas), destacan que, «a raíz de su ejercicio de gobierno, dentro de los cauces de la democracia», Uribe tuvo que enfrentar «a las fuerzas del narcotráfico en su alianza con la guerrilla de las FARC y el ELN», organizaciones terroristas que cometieron «crímenes atroces y de lesa humanidad». En el mismo documento, recuerdan las palabras del actual presidente de Colombia, Iván Duque, que salió en defensa de su padrino político, «una persona –dijo– que ha tenido el honor de presidir este país debe poder defenderse en libertad».

En este contexto, los expresidentes advierten que las FARC, hoy convertidas en partido, y sus simpatizantes, «celebran como logro la prisión domiciliaria», desde hace una semana, del hombre que sufrió 17 atentados, «mientras ayer defendían la libertad otorgada por la misma Sala de la Corte a su camarada, Seuxis P. Hernández, alias “Jesús Santirch”, acusado de narcotráfico».

La decisión de la Corte, en rigor, es un arresto preventivo o, en palabras de Roger Noriega, ex subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, se trata de una «detención sin cargos formales». En una columna en el diario «El Tiempo», de Colombia, Noriega exhombre fuerte de George Bush en Latinoamérica, considera que el paso que dio la Corte responde más «a una cacería de brujas política» que a «un proceso judicial». Más sutiles, los expresidentes agrupados en IDEA que salieron a respaldar a Uribe afirman: «…la democracia y el Estado de Derecho quedan gravemente comprometidos cuando se ideologizan».

Noriega avala la tesis de la conspiración contra el expresidente y afirma que «durante dos décadas, los opositores de Uribe han intentado y no han podido corroborar sus supuestos vínculos paramilitares». Considera al senador Cepeda un «izquierdista» de «educación comunista, entrenamiento búlgaro y una larga trayectoria defendiendo a las FARC», como uno de los cabecillas de esa «cacería de brujas» que se ha desatado contra Uribe, el hombre que, prácticamente, desarticuló a las Autodefensas Unidas y asestó los golpes más duros a las FARC.

Ocho años

Por el contrario, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, también en El Tiempo, critica que «los partidarios de Uribe han politizado completamente el debate, como si la resolución judicial fuera sobre el legado histórico de la presidencia de Uribe y no sobre un caso concreto de manipulación de testigos».

Alvaro Uribe, de 68 años, podría verse obligado a ceder su escaño si la Corte Suprema, -de momento sin pronunciarse sobre este extremo-, se manifestará en ese sentido. Lo irónico de esta medida sería que la media docena de senadores de las FARC, designados por el proceso de paz de Juan Manuel Santos, permanecerán en los suyos, aunque nadie los haya votado.

La detención d+omiciliaria de Uribe, ordenada por la Corte ,se adoptó en el marco de una investigación judicial, con ramificaciones, que se ha prolongado por espacio de ocho años y presumiblemente, no estará concluida hasta dentro de otros dos.

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